El cohecho… ese término que, lamentablemente, ya no sorprende a nadie en España. Está en los titulares, en los juzgados, en las conversaciones de bar. No por su complejidad jurídica, sino porque se ha convertido en el síntoma más visible de una enfermedad crónica: la corrupción incrustada en las instituciones.

Como abogada penalista, conozco al detalle los tipos de cohecho, sus penas, sus requisitos jurídicos. Pero lo que me genera auténtica consternación es otra cosa: ver cómo en España, el cohecho no solo existe, sino que se normaliza, especialmente en el ámbito político. Lo reciente lo confirma: la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acusado de liderar una red de mordidas millonarias, ha sido la última sacudida de una cadena interminable de escándalos.

Legalmente, el delito de cohecho está regulado en los artículos 419 a 427 bis del Código Penal. A grandes rasgos, se castiga tanto a quien recibe o solicita un soborno siendo funcionario o autoridad, como a quien lo ofrece. Pero más allá del texto legal, el cohecho es una traición: a la ciudadanía, al Estado de derecho y a la idea misma de justicia.

Tipos de cohecho: la cara A y la cara B del soborno

El Código Penal diferencia distintas formas de cohecho, todas igualmente graves y corrosivas para el sistema democrático.

Cohecho pasivo

Es el que comete un funcionario o autoridad pública que solicita o acepta una dádiva, favor o promesa, a cambio de realizar (o no realizar) un acto propio de su cargo. La pena, según el artículo 419, es de 3 a 6 años de prisión, multa del tanto al triplo del valor del soborno, y inhabilitación absoluta.

No hace falta que el funcionario haya cumplido con lo prometido: basta con que acepte la oferta.

Cohecho activo

Este recae sobre el particular que ofrece o entrega el soborno. El Código Penal, en su artículo 424, establece penas similares: prisión, multa e inhabilitación.

Otras formas

Cohecho impropio: cuando se acepta un regalo o favor sin contrapartida directa, pero vinculado al cargo.
Cohecho internacional o de funcionario extranjero, cada vez más presente en casos de corrupción con fondos europeos.

Estos matices permiten a la ley abarcar desde el clásico “sobre bajo la mesa” hasta redes complejas de tráfico de influencias y adjudicaciones amañadas.

¿Quiénes están involucrados? Funcionarios, políticos y más

El delito de cohecho no se limita a los políticos. Según el Código Penal, son responsables todos los que ejerzan funciones públicas, ya sea por nombramiento, contrato, o de hecho.

Eso incluye:

Funcionarios de carrera y eventuales
Policías, inspectores, técnicos
Cargos políticos electos
Asesores con funciones públicas

En la práctica, lo vemos en todos los niveles: desde ayuntamientos hasta ministerios, pasando por empresas públicas, adjudicaciones y concesiones. Y muchas veces, las redes corruptas están tan estructuradas que se protege a los altos cargos, mientras los subordinados sirven de chivo expiatorio.

Penas y consecuencias legales: cárcel, inhabilitación y descrédito

Las penas por cohecho varían según la modalidad y la gravedad. Un resumen:

Cohecho pasivo: prisión de 3 a 6 años, multa y inhabilitación absoluta de 9 a 12 años.
Cohecho activo: mismas penas para el que ofrece el soborno.
Cohecho impropio: multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial de hasta 3 años.
Cohecho con acción injusta del funcionario: penas aumentadas.

Además de las sanciones penales, el implicado sufre consecuencias administrativas, profesionales y políticas. Aunque no siempre… porque si algo demuestra la historia reciente es que no todos los corruptos terminan pagando el precio completo.

Cohecho y política: el deterioro constante de la confianza pública

Aquí entra mi mayor frustración como profesional del derecho: ver cómo el cohecho se banaliza en la esfera política. Que un alto cargo acepte sobornos ya no sorprende. Lo que sorprende es que alguien dimita o que haya consecuencias reales.

El caso más reciente lo deja claro: Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, ingresó en prisión provisional en junio de 2025, acusado de ser cabecilla de una red que habría cobrado más de 600.000 € en mordidas por adjudicaciones públicas. ¿Cómo hemos llegado al punto de ver a un dirigente de primera línea entrar en Soto del Real, y que lo que escandalice sea más la foto que el hecho?

Como abogada penalista, sé que nuestra legislación es suficiente. Pero sin voluntad política, institucional y social de hacerla cumplir, el cohecho seguirá siendo “parte del sistema”. Y eso es letal para cualquier democracia.

Casos reales que sacudieron a España

Además del escándalo Cerdán, que aún está en fase de instrucción, los casos de cohecho se repiten con una frecuencia alarmante:

Caso Gürtel: red de favores, sobres y contratos amañados vinculada al PP. Décenas de condenas firmes.
Caso ERE (PSOE Andalucía): cientos de millones en ayudas públicas desviadas a través de procedimientos fraudulentos.
Caso Púnica y Lezo: corrupción sistémica en la Comunidad de Madrid.
Caso Ábalos y Koldo: exministros y asesores implicados en cobros ilegales por la venta de mascarillas durante la pandemia.

¿El denominador común? Cohecho en diferentes niveles, con distintas fórmulas, pero siempre con el mismo resultado: pérdida de confianza social y descomposición institucional.

¿Se puede prevenir el cohecho? Propuestas y límites

Aunque parezca una batalla cuesta arriba, sí existen mecanismos para prevenir el cohecho:

Blindar la independencia judicial y de fiscalía.
Protección real a denunciantes: sin miedo a represalias ni ostracismo.
Transparencia radical en adjudicaciones, subvenciones y cargos públicos.
Auditorías externas frecuentes y publicación obligatoria de agendas políticas.
Educación ética en todos los niveles del sistema público.

Ahora bien, sin presión ciudadana y sin voluntad política real, todos estos mecanismos se diluyen. La clave está en entender que cada caso de cohecho no es un problema aislado: es una amenaza al contrato social.

Conclusión: Reflexiones desde la trinchera penal

Como abogada penalista, me enfrento a diario a delitos que destruyen vidas individuales. Pero el cohecho tiene un matiz distinto: destruye la confianza colectiva, socava las instituciones y convierte la democracia en una farsa.

Casos como el de Santos Cerdán —que aún está en fase de instrucción y no ha sido condenado— deberían abrir un debate profundo. No sobre partidos o colores políticos, sino sobre cómo hemos llegado a tolerar la corrupción como parte de la cultura política.

El cohecho no es “una trampa del sistema”. Es la evidencia de que el sistema necesita reformas urgentes. Y como penalista, y como ciudadana, tengo claro que no basta con indignarse: hay que denunciar, enseñar, escribir, explicar… y no rendirse.